Autora invitada: Gemma Ferreres.
Que una lata de atún lleve una etiqueta de radiofrecuencia (chip RFID) me preocupa hasta cierto punto pero que Estados Unidos exija un chip RFID en los pasaportes con el nombre, nacionalidad, género, fecha, lugar de nacimiento y una fotografía digitalizada del titular ya son palabras mayores. Con la digitalización de la vida cotidiana, casi sin que nos demos cuenta, nos están hurtando derechos ganados con esfuerzo a lo largo de los siglos. El truco consiste en mezclar varios derechos en algún ingenio tecnológico. Siguiendo con el mismo ejemplo, una cosa es que una lata de bonito del norte incorpore un código en origen para su identificación y facilitar todo el proceso logístico, de control de calidad, sanitario, paso por caja (y otros que se os ocurran) y algo muy distinto que además sirva para que sepan dónde vives porque has dejado el pack de tres latas en oferta en la despensa. Imaginemos el potencial de dicha tecnología ¡en un pasaporte!
Desde mi punto de vista, la solución pasa por separar todos esos conceptos, individualizarlos e impedir que el escáner que lee un chip acceda de golpe a toda la información. Como en un sistema de círculos concéntricos, cuanto más sensibles sean los datos, mayor nivel de protección. Al alcanzar determinados niveles, se requeriría la voluntad expresa del sujeto, incluso su presencia física, para autorizar el acceso a los datos. Y de un juez en casos extremos. Siempre habrá sujetos maliciosos que se hagan con un escáner que accede a datos privados, pero ya estarían pisando terreno vetado y podrían ser perseguidos judicialmente.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante estos atropellos? Lo primero que se me ocurre es exigir participar en la elaboración de las leyes que regirán la sociedad digital, pero nos puede suceder como a los periodistas y bloggers con el aberrante Proyecto de Estatuto del Periodista Profesional. Como nuevo territorio que es, en la web se impone a menudo la ley de la jungla, la ley del más fuerte. Yo no dejaría que fuera así.
Esta preocupación la llevo exponiendo bastante tiempo; por ejemplo, en mis posts sobre el DNI digital. Se puede aplicar también al controvertido debate sobre el DRM (digital rights management): si se individualizara cada «derecho» que se quiere proteger dejaríamos de enzarzarnos en batallas estériles sobre si un contenido debe caducar al cabo de 24 horas o puede verse en este dispositivo sí y en aquel no.
