El cierre de un popular servicio de alojamiento en línea de archivos digitales al día siguiente de una protesta global contra la censura en internet, calculado o no, constituye una torpeza y una provocación (los ciberataques en represalia no se hicieron esperar). Parece un escenario deliberadamente revuelto para distraer la atención acerca de los debates de fondo que seguimos sin afrontar.
Creo que esta guerra no es entre gobiernos y piratas, sino entre las industrias culturales incapaces de reinventarse y los ciudadanos que se resisten a seguir pasando por el aro de unas prácticas comerciales abusivas y anacrónicas.
Hay que replantear la legislación acerca de la propiedad intelectual, transformar los modelos de negocio de las industrias culturales y dejar de criminalizar a los ciudadanos que quieren acceder y compartir, de manera razonable, los bienes culturales.
De otro modo, la presión de las viejas industrias sobre los gobiernos, solo conseguirá convertir a internet en un espacio oscuro de libertades amputadas en el que los ciudadanos, por supuesto, seguirán intercambiando archivos.